La Comisión Nacional Antimonopolio determinó que nueve proveedores de tecnologías de información pactaron los precios que presentarían y quién participaría en distintos concursos públicos entre 2012 y 2022. Las ofertas aparecían como independientes, aunque la investigación concluyó que existía coordinación entre las compañías.

Los procedimientos revisados abarcaron compras o arrendamientos de computadoras, impresoras, telecomunicaciones y equipos de seguridad. Entre las instituciones afectadas aparecen el IMSS, Pemex, Conagua, el Issste y la Secretaría de Economía, además de otros organismos públicos.

Según la Comisión, las dependencias habrían pagado más de 40 por ciento por encima de lo que se estima que habrían pagado bajo condiciones de competencia. La autoridad calificó la conducta como una práctica monopólica absoluta, pero el comunicado no precisó el monto de las sanciones para cada empresa.

El caso vuelve relevante la vigilancia de las compras públicas, donde la competencia entre proveedores debería ayudar a obtener mejores condiciones para el Estado. La resolución también plantea una pregunta práctica: cómo se revisarán los contratos afectados y qué mecanismos impedirán que esquemas similares se repitan en futuras licitaciones.